Cádiz experimentó a primeros de 2010 el llamado vuelco generacional, es decir, a día de hoy en la capital gaditana hay más personas mayores de 65 años que niños. Este colectivo ronda el 15 por ciento del padrón municipal y, por lo tanto, cada vez se hace más necesaria la existencia de servicios destinados para este tipo de población. Unas necesidades de atención que supera a laspropias familias que, en muchos casos, demandan desesperadas ayuda de las administraciones. Esta situación, que se agrava más en ciudades como Cádiz, no es única en esta ciudad, sino que también se repite en otras muchas poblaciones de Andalucía, y es por lo que se empezó a aplicar la famosa Ley de la Dependencia.

Lo que en un principio se vendió como la panacea, ha contribuido a mejorar la vida de muchas personas mayores de la comunidad autónoma, pero el aumento de vecinos mayores no ha ido en consonancia con el de los equipamientos sociales que les prestan atención, provocando un importante desequilibrio asistencial. En los últimos días Cádiz ha vuelto a ver como frenaba en seco la oportunidad de tener cuanto antes operativa la nueva residencia de San Juan de Dios. La Junta de Andalucía, por ahora, sólo ha confirmado que concertará 25 de las 120 plazas que alberga el edificio, una cantidad que la empresa encargada de la gestión considera insuficiente para la viabilidad económica del proyecto.

Mientras tanto, los 45 trabajadores de esta residencia miran cion recelo a 10 de junio, la fecha en la que finalice el mes de persmiso sin suelo para dar tiempo a que la Junta reconsidere su postura y pueda salvar los puestos de trabajo. De lo contrario, 30 de esos 45 se irán al paro.Otra de las opciones que baraja la Junta es que el grueso de las plazas sean privadas y conceder ayudas por el 25 por ciento del valor de la misma. Es decir, si una plaza cuesta alrededor de los 1.800 euros, la administración aportaría 450 euros y el resto lo tendría que poner la persona ingresada en la residencia o sus familiares. Una opción bastante más barata para la Junta, pero de dudosa aceptación por parte de los ciudadanos y de la Fundación Gerón.

Por una cosa o por otra, lo cierto es que la apertura de las tres residencias de mayores previstas en la ciudad están tardando más de la cuenta por culpa de la pésima situación económica en la que se encuentran las administraciones, por culpa de la crisis.Actualmente, hay 150 mayores de Cádiz capital que se han visto obligados a trasladarse a residencias de otros puntos de la provincia al no contar con plazas en su ciudad. A éstas hay que sumar el grupo de personas que han optado por acudir a un centro de día o solicitar la ayuda domiciliaria antes de tener que abandonar la capital, a pesar de que por su situación física o de salud necesitarían estar en una residencia.

En la capital se ofertan 360 plazas entre las que se cuentan las destinadas a la Ley de Dependencia, las ocupadas por vecinos de otras localidades y las de carácter totalmente privado. Más de 23.000 habitantes han presentado su solicitud para recibir ayudas incluidas en la Ley de Dependencia desde que ésta se aprobó a finales de 2006. Según datos del Ayuntamiento, más de 6.000 ciudadanos habían cursado esta solicitud hasta finales de 2010 y sólo durante el pasado año se presentaron en la ciudad 1.500 solicitudes.

La administración local se encarga de la tramitación de todo el papeleo antes de que los expedientes pasen a la Junta de Andalucía, que asume su gestión, y reparte a los mayores por las residencias donde hay plazas. Mientras, los tres centros que están a punto de abrir en lugar de suponer un alivio al déficit asistencial han acabado convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza para sus promotores.

El Centro de Mayores de Loreto, construido por el Ayuntamiento de Cádiz y gestionado por el grupo SAR (la única empresa que partició en el concurso) inició hace unos meses los trámites para conseguir el concierto del 90 por ciento de las plazas. El edificio se está equipando y la selección de personal está en marcha. La residencia del antiguo Hospital de San Juan de Dios, era la que más urgencia corría de llegar a acuerdo, ya que actualmente se cuenta con 45 personas trabajando, por lo que el capítulo de gastos no hace más que aumentar, mientras no se perciben ingresos de ningún tipo, una situación insostenible.

La residencia construida en las dependencias del Convento de Santo Domingo corre la misma suerte. Lleva meses con todo instalado y con todos los permisos concedidos, pero también está a la espera del concierto de plazas con la Junta de Andalucía. La encargada de gestionarla también será la Fundación Gerón, como en el caso del antiguo Hospital de San Juan de Dios, pero con la salvedad de que para Santo Domingo aún no se ha llevado a cabo la contratación del personal.

Cerca de 300 plazas que esperan dueño ansiosamente. Personas hay de sobra para ocuparlas, pero no es posible por falta de dinero. Una vez más, la felicidad y el bienestar de muchos gaditanos depende de una cifra, una cantidad que no puede ser sufragada por la mayoría de las familias.

En algunas localidades la Ley de la Dependencia unida al paro ha propiciado que algunas familias hayan optado por sacar a sus mayores de la residencia para salir adelante con la jubilación del anciano y la ayuda familiar, pero en Cádiz esa situación no ha descongestionado los geriátricos, y sigue habiendo lista de espera. La tasa de población mayor de 65 años se duplicará en Andalucía en el plazo de cuatro décadas y llegará a suponer el 29 por ciento de los habitantes de esta Comunidad Autónoma en el año 2050. Así se refleja en las conclusiones de los Grupos de Expertos para la elaboración del Libro Blanco del Envejecimiento Activo. Actualmente, en Andalucía residen en torno a 1.200.000 personas mayores de 65 años, lo que representa el 14,6 por ciento de la población, y de ellos, cerca de 300.000 tienen 80 años o más. La prospección demográfica revela, además, una feminización del envejecimiento: el 16,9 por ciento de las mujeres tiene hoy más de 65 años, frente al 12,7 por ciento en el caso de los hombres. Y la previsión es que esa diferencia aumente y en 2050 sean mayores el 31,9 por icento de las mujeres andaluzas y el 26,3 por ciento de los hombres.

Los expertos recalcan que el envejecimiento demográfico no es una enfermedad social, sino, al contrario, un logro sin precedentes. Por ello, proponen trabajar con el fin de acabar con la visión estereotipada de la vejez como fuente de problemas y no de posibilidades, y dejar de asociar sistemáticamente 65 años con ancianidad. El Gobierno ya les ha tomado la palabra con la jubilación a los 67 años. Evidentemente, aprobar normas como ésta cuesta más barato que solucionar el problema de los mayores.