El Gobierno está ahora dispuesto a llevar a cabo una reforma limitada del delito de malversación, por el que fueron condenados los líderes independentistas del procès, aunque dejando fuera los casos de corrupción y de lucro personal.
En conversación informal con los periodistas en el acto de celebración del 44 aniversario de la Constitución, el presidente Pedro Sánchez ha puesto el acento en el derecho comparado, en referencia a cómo se recoge esta cuestión en los códigos penales de países del entorno, pero ha querido dejar claro que no se va a retroceder en materia de lucha contra la corrupción, ni se van a rebajar penas que tengan que ver con la misma.
La reforma del delito de malversación es una petición de ERC, que junto a otras formaciones independentistas tiene a varios miembros del partido condenados por este tipo penal y otros tantos con causas pendientes, por las acciones que se llevaron a cabo en 2017 para intentar hacer efectiva la independencia de Cataluña.
Además de por malversación, los líderes del procés fueron condenados por sedición, delito que el Gobierno ya se ha comprometido a eliminar y por ello el PSOE y Unidas Podemos registraron en el Congreso un la proposición de ley que se tramita aceleradamente en la Cámaras para que entre en vigor en enero.
La fórmula para modificar la malversación pasaría por una enmienda de ERC a esta proposición de ley que contase con el apoyo de las fuerzas que formen el Gobierno. El plazo de presentación de enmiendas acaba este viernes y el PSOE tiene decidido presentar algunas propuestas, pero no versarán sobre el delito de malversación. También Unidas Podemos tiene anunciadas enmiendas.
Respecto al posible impacto electoral que puedan tener estas medidas --tanto la eliminación de la sedición como la reforma de la malversación-- Sánchez se ha mostrado convencido de que la política sobre Cataluña va a ser un activo de cara a los comicios de 2023, en el que se celebran municipales y autonómicas en mayo y generales previsiblemente en diciembre.
Respecto a los detalles de la reforma de la malversación, fuentes del Ejecutivo ofrecen un ejemplo ilustrativo. Hablan de un hipotético alcalde que recibe fondos europeos y dedica parte a pagar las nóminas de la plantilla. Para el Gobierno eso no es corrupción política y en bajo esa idea se llevaría a cabo esta reforma penal.
Asimismo señalan que no se puede castigar del mismo modo un ejemplo como el anterior y el del extesorero del PP, Luis Bárcenas, condenado a más de 30 años de cárcel por, entre otras cosas, desviar fondos de la caja 'b' del partido a cuentas personales en Suiza. El Gobierno pone este caso como ejemplo claro de corrupción política, que en ningún caso podría beneficiarse de la reforma de la malversación que se plantea.
En la misma línea, las mismas fuentes sostienen que el caso del expresidente socialista de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, tampoco se vería afectado. Griñán fue condenado por malversación y prevaricación y ha solicitado el indulto de la pena al Gobierno alegando que no hubo lucro personal.
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