El CGPJ cumple tres años y medio en funciones con el compromiso del PP de reanudar las conversaciones con el PSOE para su renovación tras las elecciones andaluzas y con los nombramientos de cuatro magistrados del Constitucional afectados directamente por lo que ocurra con las negociaciones por el Consejo.

Más allá de este compromiso, nada ha cambiado en todo este tiempo. No hay avances. PSOE y PP continúan culpándose mutuamente del bloqueo. El Ejecutivo no ve diferencia alguna entre Feijóo y su antecesor Pablo Casado en su actitud para renovar el Consejo General del Poder Judicial y cumplir con el mandato constitucional.

Y el líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, admite que todos están incumpliendo la Constitución, al no renovarse en tiempo, aunque precisa que mucho tiene que ver en ello la reforma impulsada por el Gobierno que vacía de competencias al Consejo cuando ha expirado su mandato.

El PSOE dice estar eternamente a la espera y la estrategia del PP pasa por conversar una vez que pasen las andaluzas del 19 de junio y pretenden hacerlo "con publicidad", en el Congreso y con un "pacto de regeneración" en el CGPJ que Feijóo no concreta. Esto en público.

LA ENÉSIMA VENTANA, AHORA TRAS LA ANDALUZAS

En privado, los socialistas reconocen que no hay conversaciones mientras que los populares acaban de terminar una ronda con las asociaciones judiciales liderada por Esteban González Pons para calibrar la situación y lanzar el mensaje de que se abren a negociar tras las andaluzas, según señalan a Efe desde las asociaciones.

Más optimista que nadie luce ahora el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que confía en que el Consejo se renueve antes del verano ya que parece, "por lo que se está hablando", que hay intención de "retomar la negociación", pasadas las elecciones.

No obstante, fuentes jurídicas consultadas por Efe recuerdan que nada cambió tras los últimos procesos electorales autonómicos de manera que no miran tanto a las andaluzas como al Constitucional.

LA VARIABLE DEL CONSTITUCIONAL ENTRA EN ESCENA

El 12 de junio vence el mandato de cuatro magistrados del TC, incluido su presidente, y la normativa establece que la renovación por tercios implica ahora el nombramiento de dos magistrados por parte del Gobierno y otros dos por el CGPJ.

Esta semana, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, avanzó que el Gobierno puede nombrar a los dos magistrados que le corresponden aunque se mantenga el bloqueo del CGPJ, que no puede hacer sus dos nombramientos mientras esté en funciones.

Pero fuentes jurídicas consultadas por Efe no ven viable los planes del Ejecutivo al recordar que la Constitución es clara cuando establece que la renovación se produce por tercios, de manera que "sino se renueva el Consejo y nombra a los dos magistrados que por cuota le tocan, tampoco podrá entrar en funcionamiento ese tercio, aunque el Gobierno nombre a los dos que le corresponden".

Esto es así, porque para que los magistrados tomen posesión deben ser antes ratificados por el Pleno del Constitucional, y el escenario más probable es que no avalen ningún nombramiento hasta que no esté el tercio al completo, ya que como las fuentes destacan, la Constitución es tajante en cuanto a la renovación por tercios.

Por ello, la presión que se vuelque hacia la renovación del TC puede condicionar la negociación del Consejo, porque en esta ocasión el tercio a renovar producirá un cambio de mayoría en la composición del tribunal, pasando los progresistas a liderar el Constitucional.

LA DESCONFIANZA Y EL HASTÍO DE LOS VOCALES

Dentro del Consejo la situación agota. El punto muerto en la renovación produce "hastío" y ya nadie se atreve a hacer pronósticos porque los mensajes que llegan desde el exterior ya no se toman con seriedad entre los vocales, "vengan de donde vengan", de manera que desconfían en que la presión por renovar el tercio del Constitucional cristalice en una negociación real y seria.

Y mucho menos con que se abra una nueva ventana para la negociación tras las andaluzas, como ha dejado entrever Feijoó, porque la experiencia les dice que no ocurrió así tras las catalanas, las madrileñas y las castellano leonesas. "Siempre que había cualquier proceso electoral que podía interferir pensábamos que después era posible y ya vimos que no. Lógicamente con las andaluzas se piensa lo mismo", explican a Efe vocales del CGPJ.

Consideran que "no es justificable que un órgano constitucional lleve tres años y medio sin renovarse" lo que tachan de "anomalía constitucional" que "a nivel anímico se deja notar", aunque a nivel interno dicen cumplir con sus obligaciones para que el Consejo funcione porque hay concursos, traslados y permisos, de manera que la actividad del CGPJ no se puede paralizar.

Y ello pese a que desde abril son uno menos tras la jubilación de Rafael Fernández Valverde, cuya plaza no se ha renovado. Ni el Congreso hizo gestión alguna ni tampoco a los candidatos suplentes les interesa la vacante ya que "nadie quiere enmarcarse a nivel personal en un Consejo caduco", explican las fuentes.