Más de una vez, como ustedes saben, me he mostrado a favor de la gestión directa o a través de empresas públicas de los servicios públicos por parte de la Administración. Por el caso de mis queridas «pitufinas» sabrán ustedes que resulta más barato, más rápido a la hora de depurar responsabilidades cuando el funcionamiento no es el deseado ni deseable y, sobre todo, más democrático: la gestión pública obliga al político a no desentenderse y faculta al ciudadano para premiar o castigar en las urnas el manejo de los servicios que pagamos todos.
Desconozco si, tras el caso de la ayuda a domicilio, se habrán tomado más medidas en el Ayuntamiento de San Fernando. Al menos, para comprobar que las condiciones recogidas en cada plica de licitación se cumplen. Aunque he cargado las tintas contra la empresa por incumplir en los artículos sobre las heroínas turquesas, no hay que olvidar que el Consistorio es, en última instancia, el responsable de velar por el funcionamiento de los servicios externalizados: la gestión es lo que se está delegando pagando a una empresa, la responsabilidad no. Y eso conlleva la obligación (e imperiosa necesidad) de fiscalizar la tarea de quien sea que gestione cada servicio: como puse en otros artículos, hay que asegurarse de recibir los cinco kilos de patatas que hemos pagado. Más que nada porque los pagamos todos, incluyendo a los que les votamos.
Del mismo modo, creo que habría que poner condicionantes o algún tipo de cláusulas que obliguen a un buen funcionamiento. Por ejemplo, si una empresa es sancionada por una inspección de trabajo, rescisión inmediata del contrato sin derecho a indemnización. O si se comprueba que no suministra el vestuario, el EPI, que no cumple con las subidas salariales acordadas (y cobradas) o los complementos salariales para trabajadores con discapacidad. No sé si los contratos de concesión tienen o no esas cláusulas, pero de momento no están siendo efectivas. El caso es que deberíamos contar con elementos para poder actuar cuando la gestión externalizada no es buena para los usuarios de cada servicio o para los trabajadores que lo prestan. De lo contrario, como ya se ha visto, ocurre que los trabajadores hacen su trabajo en peores condiciones, esto empeora la calidad del servicio y «alguien» se forra a costa de tomarnos por idiotas. No es la primera vez que lo digo. De que los políticos escurran el bulto no digo nada: ya se encargan de evitarlo, en cierta medida, la prensa y las redes sociales.
En cualquier caso, es hora de supervisar los contratos, asegurarse de que se cumplan y no cortarse a la hora de rescindir contratos y seccionar yugulares. A ser posible, ya, para no perder el tiempo. Es el momento (siempre lo fue) de velar por los trabajadores. Hay una frase de Richard Branson (fundador de la multinacional Virgin) que deberíamos tener en cuenta: «cuida de tus empleados que ellos cuidarán a tus clientes». También la he visto formulada como «tus clientes no son lo primero, lo primero son tus empleados ya que son ellos los que cuidarán a tus clientes». Sea como sea que dijera la frase, el mensaje es claro. Y, si cambiamos «cliente» por «usuario», también se ajusta más a lo que es el servicio público. No obstante y para terminar, ya va siendo hora de que los responsables públicos se pongan un poco las pilas. No niego la voluntad, no me consta lo contrario. Que supervisen, que fiscalicen, que no permitan incumplimientos. La empresa, como pasa con los trabajadores, deben sentir el aliento en el cogote de quien les pone y puede quitar de ahí. Y saber que, en lugar de darle oxígeno por desidia o falta de supervisión, la mala gestión pueda costar tal ahogamiento jurídico y económico que no haya socorrista ni abogado que le salve. Guiño, guiño.
