Durante muchos años fui representante de los ciudadanos en el ámbito de las organizaciones sin ánimo de lucro, una labor de la que me siento muy orgulloso en tanto que me ha forjado como persona a la hora de tener sensibilidad social hacia las diferentes problemáticas que los ciudadanos puedan sufrir.
Ahora bien, en todas las actuaciones que he seguido siempre ha primado el interés general, es decir, todas mis decisiones iban encaminadas a buscar cierta justicia social en la defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos. Nunca puse por delante el interés particular que pudiera tener en un asunto ni el de mi propia organización.
Les escribo sobre esto por lo que veo en determinadas organizaciones que ponen como excusa la calidad de asistencia de sus usuarios, de quienes representan, para pedir subidas en subvenciones y en ayudas públicas.
Para empezar, si se quiere atender se hace gratis. Les puedo asegurar que muchas veces lo hice sin que mediara dinero público por medio. Como se suele decir, querer es poder.
Pero, además, nos encontramos con una realidad ficticia. Muchas organizaciones tienen directivos que cobran muchos miles de euros, incluso más que el propio Presidente de la Junta de Andalucía al que le piden esas ayudas y subvenciones. ¿Ven ético que algunos presidentes que dicen que van a cerrar las asociaciones cobren esas desorbitadas cantidades? Yo les aseguro que no.
Se trata de personas que van por la vida con una fachada de austeridad, incluso de costarles el dinero la gestión de las asociaciones como algunos me han llegado a decir en alguna ocasión. Pero después de eso, uno se da cuenta de lo que llegan a cobrar, de los vehículos y comidas a costa de las asociaciones.
Por ello, muchos ciudadanos hoy en día están en contra de las subvenciones. Éstas son un valioso instrumento para cambiar la sociedad, para desarrollar determinados programas pero se han convertido con el paso de los años en unos mecanismos de clientelismo político, toda una red al servicio del que les da de comer y que se revuelve cuando se producen los naturales recortes como los que debe haber en circunstancias económicas adversas como las que vivimos en estos momentos.
Se trata de la ingratitud del subvencionado.
Esto implica que deba haber una necesaria evaluación de lo que se ha hecho hasta ahora, de lo que se está haciendo y de lo que se hará. Es necesario abordar las subvenciones y ayudas que sean necesarias pero eliminar las que están primando el ego personal de determinadas personas y, sobre todo, de su cuenta bancaria.
Para ello se deben arbitrar auditorías de servicios y ver si realmente se está cumpliendo con el fin social que las asociaciones dicen en sus estatutos o en sus ruedas de prensa o actos. Si no se hace, se corre el riesgo de que estemos ante lo que vivimos actualmente que es esta realidad que les cuento.
Con esto no quiero decir que las asociaciones no son necesarias, todo lo contrario. Las hay muy honradas y que prestan un gran servicio a la sociedad a través de sus voluntarios. Están cuando las administraciones públicas no pueden llegar a todas las problemáticas pero eso no debe implicar que se tenga que revisar el modelo actual para acabar con los abusos y los que los ejercen.
