El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha manifestado que los extrabajadores de Delphi son "víctimas de buena fe" de las "decisiones de engaños o erróneas de la Junta de Andalucía", que ha recordado que les "prometió una solución y no cumplió" y es, según ha indicado, de quien depende ahora decidir si busca una salida para el colectivo.

 A preguntas de los periodistas en Cádiz sobre la decisión del TSJA de desestimar la demanda interpuesta por UGT contra la Junta por incumplimiento de sus compromisos con Delphi, Sanz ha expresado su "respeto a cualquier decisión judicial", al tiempo que ha recalcado que "hay una clara responsabilidad política de quien prometió a los trabajadores empleo y una solución y no cumplió".

 Sanz ha apuntado que desde el Gobierno central "intentamos siempre ayudar a los trabajadores", a los que consideran "víctimas" de las decisiones de la Junta. Ha argumentado que las competencias en este asunto son de la Administración autonómica y que el Ejecutivo "no tiene capacidad", salvo en aquello que tiene que ver con las prestaciones.

 En este sentido, ha asegurado que el Gobierno de España ha tenido "siempre" la voluntad de no exigir la suspensión de ningún tipo de prestación a los extrabajadores, "salvo que sea impuesto por una decisión judicial".

Al respecto, ha recordado que son tres los juzgados de lo Social que están instruyendo las causas por la supuesta simulación de contratos laborales cuando los ex de Delphi recibían formación, habiendo dicho ya dos de ellos que "no piden la suspensión de la prestación" y sólo uno de ellos ha aplicado la medida cautelar solicitada por el SEPE, aunque "no ha resuelto todavía los recursos de reposición" planteados por los afectados.

Finalmente, ha insistido en que hay "una responsabilidad política muy clara por parte de la Junta" en relación al colectivo de Delphi, recalcando que el PP es partidario de encontrar una solución, aunque apunta que ésta depende de la voluntad del Gobierno andaluz.