Varios expertos españoles coinciden en que la adecuada protección de las áreas marinas es “la asignatura pendiente” no sólo de España sino también de Europa, donde la conservación de las zonas marítimas ha estado históricamente ligado a la explotación pesquera. 

Sólo el tres por ciento del mar español está declarado espacio natural protegido, y de los 6 millones de hectáreas de territorio protegidas en España sólo existen 250.000 hectáreas de zonas marinas efectivamente protegidas en un país que cuenta con casi 8.000 kilómetros de litoral –incluyendo Baleares y Canarias–. 

Según el presidente de Europarc-España, Hermelindo Castro, la creación de un sistema para la protección de las áreas marinas es “la asignatura pendiente, no sólo de España sino también de Europa”. La protección de los ecosistemas marinos y la gestión de los mismos ha estado ligada históricamente a hacer compatible la explotación de los recursos pesqueros y marinos con la conservación de la biodiversidad. 

La normativa de la UE obliga a los estados miembros a configurar una red de Áreas Marinas Protegidas (AMP) antes de 2010 y España sólo cuenta con medidas de protección para el uno por ciento de sus plataformas continentales, según ha asegurado Francisco Sánchez, investigador del Instituto Oceanográfico Español (IEO) en declaraciones a Efe. 

Estas áreas protegidas deben incluir los ecosistemas más relevantes o con necesidades específicas de protección y ser representativas de los ecosistemas marinos españoles. 

WWF/ADENA sostiene que España es uno de los países más ricos de Europa en términos de biodiversidad marina, pero en sus costas viven de forma estable unos 23 millones de habitantes –el 58% de la población española–, presión que se ve incrementada por los millones de turistas que visitan anualmente el país. 

Por todo ello, el esfuerzo destinado a la protección de estos espacios, tanto en términos de recursos materiales, humanos y económicos, “debe contar con planes de gestión y conservación viables, que tengan en cuenta las consecuencias socioeconómicas y las actividades pesqueras u otros usos humanos que se realicen en la zona”, según explicó Sánchez. 

Este investigador insiste en que la red de áreas protegidas “debe ser coherente, estar basada en criterios científicos”, y tener en cuenta los hábitats o especies más vulnerables que han sido identificados por la Comisión Ospar en colaboración con la Unión Europea. 

Francisco Sánchez también resaltó la importancia de la conectividad ecológica de las AMP porque “no tiene sentido proteger zonas muy aisladas, que están relacionadas directamente con otras áreas que pueden afectar a las condiciones de los hábitats o especies que se pretenden proteger”. 

Cataluña es la comunidad autónoma que más superficie litoral-marina protegida aporta al conjunto del estado, con 79.125 hectáreas seguida por Andalucía (53.282), Galicia (40.139) y Canarias (37.151). 

Sin embargo el IEO, en colaboración con otras entidades, está realizando estudios de diez áreas marinas relativamente profundas que corren un alto riesgo y donde existen especies –los corales de aguas frías, las gorgonias o las esponjas– de crecimiento lento y que son muy vulnerables ante las actividades pesqueras. 

Entre estas zonas que podrían pertenecer a la red española de áreas marinas protegidas se encuentran el Cañón de Avilés, el Banco de Galicia, los volcanes de la zona del golfo de Cádiz, el canal de Menorca y dos zonas de Canarias, entre otras. 

La primera zona marina profunda protegida en la zona económica exclusiva ha sido El Cachucho (Asturias), una montaña marina a más de 600 metros de profundidad que “se considera un hábitat esencial para muchas poblaciones de peces de interés comercial”, aseguró Sánchez. 

Según los expertos, el retraso en la protección de las áreas marinas en nuestro país se debe principalmente a los problemas con la delimitación de las zonas y a la poca visibilidad de estos ecosistemas para la sociedad. 

“La mayor parte de las áreas marinas son muy profundas y no somos conscientes del efecto que están teniendo en ellas actividades como la pesca, los vertidos o la extracción de recursos minerales” apuntó Sánchez. 

Asimismo, este investigador también asegura que lo adecuado sería llegar al menos a la cifra simbólica del veinte por ciento de protección de las plataformas continentales españolas.