Los meses van pasando y ya casi nadie se acuerda del robo de 290 kilos de estupefacientes (entre cocaína y hachís) que se produjo a finales de septiembre del pasado año en el búnker donde las fuerzas de seguridad depositan la droga incautada en la provincia. Días después de que se produjera el robo, el propio subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, aseguraba que la investigación iba en buen camino y que en breve habría novedades. Han pasado nueve meses, toda una gestación, y los ladrones siguen en libertad, no se ha producido ninguna depuración sobre la responsabilidad política de lo ocurrido, pero eso sí, casi una decena de agentes de la Policía Nacional sí han sido sancionados “de forma injusta”, según el Sindicato Unificado de Policía, al tiempo que cree que la investigación está “paralizada”.
“El mutismo es absoluto”, señala Francisco Camacho, secretario provincial del Sindicato Unificado de Policía, para añadir que “no se sabe nada, el silencio es absoluto, preguntamos si se está investigando el robo y nadie nos dice nada, nadie dice nada”, por todo ello, “por la experiencia que tengo en este cuerpo, que son ya 25 años, me atrevo a decir que esto está aparcado, está paralizado porque no hay vías de investigación abiertas. Ojalá esta valoración sea errónea, pero por el tiempo que ya ha pasado sin que se haya habido ninguna detención, ni líneas de investigación abiertas, creemos que está aparcado”.
Eso sí, el SUP confirma que “los agentes que estaban de servicio esa noche sí han sido sancionados, a unos con cuatro días de sanción y al resto con dos días”. El sindicato reitera que “no estamos en absoluto de acuerdo con estas sanciones, estamos totalmente en contra, lo que ocurre es que los funcionarios afectados no van a seguir con los recursos y que se conforman con la sanción leve, por lo que nosotros respetamos esa decisión”.
Al sindicato mayoritario de la Policía Nacional le resulta extraño que “los policías sí hayan sido sancionados, pero sin embargo, no se han depurado las responsabilidades políticas derivadas del robo. La responsabilidad de que esa droga esté bien custodiada y protegida recae directamente en la Subdelegación del Gobierno y en Sanidad Exterior, aunque este último organismo depende de la Subdelegación, y allí todo el mundo salió de ‘rositas’ a pesar de que se cometieron errores garrafales”.
Y es que el SUP había denunciado en varias ocasiones que ese depósito de droga no estaba en condiciones óptimas y que existía riesgo de que ocurriese lo que finalmente ocurrió, que la robase un grupo organizado, “aunque el robo se llevó a cabo de forma muy burda, muy poco profesional, pero es que no había una vigilancia física que era lo que tendría que haber”.
Para Camacho está claro que “ocho o nueve agentes han servido como chivos expiatorios, a los que se les ha cargado el muerto. Las cámaras no funcionaban bien, llevan años así, y un policía no está para mirar cámaras, custodiar a los detenidos en los calabozos y además atender al público. No pueden exigir que esté mirando la cámara 24 horas al día, cámaras que repito muchas veces fallaban”. Además, “no contaban con la policía para nada, ni a la hora de meter la droga en el búnker, ni a la hora de sacarla, nadie nos comunicaba nada, ni teníamos matrículas de los coches que podían entrar. Es que ha pasado lo que tenía que pasar”.
Hoy en día, la droga incautada se traslada a unas nuevas instalaciones ubicadas en la sede de la propia Subdelegación del Gobierno, “en unas dependencias que sí están mejor, tiene custodia policial física permanente y la entrada al búnker está vigilada. Eso sí, pedimos poder verlo y no nos han dado permiso”.
Por último, “la promesa que hicieron sobre la construcción de una incineradora de droga en la provincia de Cádiz, la que más droga incauta de toda España, fue sólo eso, una promesa para salir del paso visto lo visto”.
