El parlamentario andaluz del PP de Cádiz y presidente del PP de Barbate, José Manuel Martínez, ha anunciado que el PP local ha llevado a la Fiscalía las irregularidades detectadas por la auditoria externa de la empresa pública municipal Innobar de Barbate, que, como ya dijera hace escasos días, evidencia “el caos de la gestión socialista”, y pide la dimisión del alcalde Rafael Quirós.

Martínez, acompañado por Antonio Galindo en calidad de consejero de la empresa pública, ha declarado que “nos hemos visto obligados a presentar esta denuncia en la fiscalía de Cádiz ante la falta de respuesta del alcalde de Barbate, Rafael Quirós”. En este caso, referente a la gestión de Innobar, afirma, “esperamos que la justicia actúe con contundencia ya que las irregularidades encontradas por el auditor son de una gravedad que los ciudadanos de Barbate no se merecen”.

El PP de Barbate, en el escrito presentado ante la Fiscalía de Cádiz señala que “que tras los constantes requerimientos hechos por parte de los miembros de la sociedad municipal de Barbate Innovación y Desarrollo de Barbate SL, (Innobar) para que, por parte de su presidente Rafael Quirós Cárdenas, se realizara una auditoria de la misma al tener... sospechas de irregularidades en la gestión de la sociedad que pudiese incluso afectar a los intereses económicos y patrimoniales del Ayuntamiento, es realizada la mencionada auditoría de los ejercicios 2009 al 2012, la cual, tras constantes requerimientos a la presidencia de exhibición, es entregada a los socios para su legítimo derecho de fiscalización y control, y en aras a la mayor transparencia en las cuentas públicas”.

El resultado de la auditoría, explica el PP, “refleja la manera de proceder en cuanto a la gestión se refiere, faltando dinero de caja, contabilización de facturas irregulares, gastos sin ninguna contraprestación, contrataciones sin normas, gastos y dietas sin justificar, compra de 16 ordenadores ilocalizables, contratación un tanto irregular...”, de hecho la propia auditoría señala que “la singularidad de la gestión de la empresa, en sí misma y en relación con la operativa contable y fiscal con ella instrumentada, ha supuesto unos costes adicionales para la empresa que podrían haberse evitado, al menos parcialmente”.

El PP relata en su escrito las conclusiones de la auditoría que destaca tanto la presencia de supuestas facturas sin justificar o subvenciones, cuyo destino se desconoce, así como presuntas irregularidades que emanan de los propios gestores de la empresa pública. Un ejemplo de los muchos que recoge este escrito presentado a la Fiscalía hace referencia a cuando el “auditor pide respuesta al ex gerente por el pago en efectivo de importantes cantidades de dinero: 20.760,00 euros y 14.160,00 euros, respondiendo el Señor Ponce Basallote que ha sido error del banco, que la Administración Tributaria y la Seguridad Social les van a embargar las cuentas bancarias, …, a lo que el propio auditor dice: “según la información obtenida por la AEAT, no es hasta el 6 de febrero de 2013 cuando dicho Organismo inicia un expediente de embargo por deudas tributarias, no teniendo conocimiento de embargo alguno por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social”.

Por ello, el PP expone en su escrito que “la gravedad de los hechos y la repercusión dañosa de los mismos suponen un quebranto económico para el Ayuntamiento, así como la flagrante infracción de la normativa de aplicación, según se puede extraer de la auditoria, hacen ver que los hechos relatados puedan ser constitutivos de determinados delitos tipificados en el Código Penal… a fin de que se practiquen las diligencias necesarias para su esclarecimiento y concreción”.