La Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía ha culminado esta semana una investigación sobre presuntos delitos sobre la ordenación del territorio y falsedad documental en Chiclana de la Frontera (Cádiz) en la que han sido detenidas ocho personas, entre ellas un promotor, un arquitecto técnico y seis promotores y propietarios.

Según explicó la Junta en un comunicado, la investigación se inició a finales de verano a instancias del Juzgado Mixto número cuatro de Chiclana, previa denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sobre una finca dividida en nueve parcelas, todas ellas con construcciones en su interior, excepto en una. La finca está situada en el Camino del Pozo Juncal, en Pago del Humo, en suelo clasificado como no urbanizable no especializado.

Las indagaciones iniciales consistieron en el cotejo de las ortofotografías aéreas de la última década. En el año 2001 aparece una finca totalmente vacía, mientras que, a partir de 2004, de detectan obras de parcelación con muros de hormigón, construcción de ocho edificaciones unifamiliares, tres de ellas de tamaño considerable con piscinas, y así hasta el estado actual.

En cuanto comienzan las obras, el Ayuntamiento de Chiclana procedió a incoar expedientes sancionadores por infracción urbanística. A pesar de todo, los constructores, obviando la legalidad urbanística, terminaron las construcciones.

En el curso de las investigaciones se identificaron y localizaron a los titulares y promotores de las viviendas y, a través de ellos, se identificó también a un promotor que, al parecer mediante engaño, convenció a los compradores para declarar en conjunto las obras nuevas en Notaría para, posteriormente, llevarlas al Registro de la Propiedad. Ante lo atípico del procedimiento, el promotor, presuntamente, prometió gratificaciones a los compradores y se hizo cargo de los gastos administrativos.

Para obtener la declaración de obra nueva fue preciso la mediación de un documento que certificara la antigüedad de las edificaciones por más de cuatro años --así consiguen la prescripción de la responsabilidad administrativo-sancionadora, por infracción urbanística grave--, firmado por un técnico habilitado, que en este caso fue un arquitecto técnico local que ya ha sido imputado al menos tres veces más por hechos de las mismas características y otras tantas imputaciones similares por otras unidades policiales.

Una vez concluida la investigación, se instruyeron las diligencias policiales correspondientes y, posteriormente, fueron puestas a disposición del Juzgado Mixto número cuatro de Chiclana de la Frontera.