El informe de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz sobre Ordenación del Territorio y Urbanismo recomienda a los responsables políticos que aborden con urgencia una reforma del Código Penal para perseguir “más eficazmente” los delitos urbanísticos, dadas las “no pocas imprecisiones técnicas y lagunas” que han detectado y que permiten que sigan cometiéndose delitos como las parcelaciones ilegales o se mantenga la falta de diligencia de los ayuntamientos en la resolución de los expedientes sancionadores.

Esta es una de las principales conclusiones que ayer extrajo José Chamizo, defensor del Pueblo Andaluz, tras entregar el extenso informe (de más de 600 páginas) a la presidenta del Parlamento Andaluz, Fuensanta Coves, aunque también incidió en las recomendaciones a los poderes públicos para establecer planes coordinados y con equipos de seguimiento para la erradicación del chabolismo, o preste especial seguimiento al “mobbing” inmobiliario, respecto a las órdenes de ejecución a los propietarios como el asesoramiento a las víctimas.

Según Chamizo, “no sólo hay que cumplir las normas, sino que conseguir el objetivo de las normas”, por lo que abogó por buscar el consenso en las normas que aborden la ordenación urbanística y cerrar el desarrollo de los planes subregionales que plantea el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), aunque también es importante que se cumplan los plazos para evitar situaciones de incertidumbre y se dote especialmente a los ayuntamientos de servicios técnicos para dotarse de sus instrumentos de ordenamiento y evitar arbitrariedades.

Tras considerar que “no es asumible” que los ayuntamientos no hayan resuelto el problema a la demanda de vivienda protegida, el informe es especialmente crítico con la disciplina urbanística y “los expedientes que no se concluyen y no se ejecutan”, muchos de ellos derivados de parcelaciones ilegales surgidas de la transformación de las casas de aperos en viviendas residenciales. Así, el informe recomienda que se eviten su consolidación y, si ya han prescrito, el coste de su legalización lo asuman el promotor y los residentes.

Precisamente con estas parcelaciones, el trabajo del Defensor del Pueblo con la red de fiscales medioambientales ha puesto en evidencia “no pocas imprecisiones técnicas y lagunas” que terminan en impunidad, por lo que recomendó abordar una reforma del Código Penal para perseguir los delitos urbanísticos.

También recomendó Chamizo plantear una moratoria urbanística en las zonas del litoral aún no consumidas por el ladrillo y abrir un periodo de reflexión sobre cómo proteger estas áreas, apostando por alejar hasta los 500 metros la prohibición de acciones urbanísticas, más allá de los 100 metros de dominio público.

“Es un problema de conciencia social”, reconocía Chamizo, apostando por mejorar los cauces de información hacia el ciudadano y digitalizar todo lo referido al urbanismo, de forma que se incremente la participación social en todo lo referido a planificación y ordenamiento urbano.