El presidente del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA), Juan Cano Bueso, consideró ayer "conveniente" un agravamiento de las penas previstas en el Código Penal relativas a los delitos de prevaricación y urbanismo, a la vista de los últimos escándalos relacionados con diferentes administraciones.

El presidente del órgano consultivo andaluz señaló que habría que "obligar" a que las administraciones públicas no pudieran "eludir", al menos de una forma dolosa, los dictámenes del Consejo "como elemento de control previo a las decisiones en materia urbanística".

Cano Bueso, que elevó ayer al Consejo de Gobierno de la Junta la memoria anual correspondiente a 2008 del CCA en un acto presidido por el presidente andaluz, José Antonio Griñán, dijo que cuando se eluden "maliciosamente" esos "controles preventivos" los gobernantes se están "acercando" al reproche penal de las conductas.

Por ello, el Código Penal no puede considerarse como una "alternativa deseable" en democracia ya que los gobernantes, declaró, deben actuar "con transparencia y con honradez".

Durante su discurso, pronunciado en la Real Chancillería de Granada, aseguró que el Consultivo se ha erigido siempre en un "valladar infranqueable" para los comportamientos corruptos, cuya materialización sólo ha podido acometerse eludiendo dolosamente la intervención de este órgano.

Se refirió además a aquellos expedientes "maliciosamente confusos y engañosos" que pretenden "ocultar operaciones, beneficios y plusvalías" que no responden al interés general ni son conformes al ordenamiento jurídico vigente.

Por otra parte, Cano Bueso apostó por el impulso de leyes "claras, comprensibles, útiles, efectivas y eficaces", que simplifiquen trámites burocráticos a la par que agilicen la relación de ciudadanos y empresas con las administraciones públicas.

"La inflación legislativa y la obsesión por la cantidad y no por la calidad de la leyes es un camino más que probable hacía la inseguridad jurídica", dijo el presidente, quien cree que además conduce a la "indefensión" de los ciudadanos.

En su intervención, Griñán se refirió a la "urgencia" en la tramitación de decretos para impulsar políticas sociales y de empleo que ha conllevado la actual crisis, frente a la que el poder público, dijo, tiene el compromiso de devolver la estabilidad a la economía.

Anunció además que en breve el Consejo Consultivo recibirá para su dictamen dos textos "que vuelven a situar a Andalucía en la vanguardia legislativa", como son la Ley de Autonomía Local y la Ley de Participación de las entidades locales en los tributos de la Junta.

Se trata de la última ocasión en que el acto solemne que ha tenido lugar en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se celebra fuera del Palacio de Bibataubín, nueva y definitiva sede del CCA en la capital granadina, cuyas obras finalizarán "en cuestión de días", según señaló Cano Bueso.

Durante el pasado ejercicio el Consejo Consultivo tramitó 808 solicitudes de dictámenes, de los cuales se emitieron 771, lo que supuso un 10 por ciento más respecto al año anterior, siendo el 67% instados por el Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía; el 32% por las administraciones locales y el 1% por entres de Derecho Público.

De los 771 dictámenes emitidos, 634 lo fueron en sentido favorable a la resolución de la administración, 84 fueron desfavorables y 53 devueltos.

Solo dos de los dictámenes emitidos fueron objeto de votos particulares, el resto por unanimidad, recoge la Memoria 2008 del CCA, de cuyo contenido ya que se informó en junio con motivo de su entrega a Griñán en Sevilla.