Las cajas de ahorros ya saben más o menos con qué reglas van a tener que jugar a partir de ahora. El llamado Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) es ya una realidad, que si no se cuestiona más no es por ganas, sino por falta de tiempo.
Se nota que hay apuro en el Gobierno, en el Banco de España y también en ciertas entidades financieras. Por eso algunos consienten lo que no está en los escritos y se da la paradoja que el Gobierno y el PP renegocian el FROB después de aprobarlo el Consejo de Ministros. Una operación del calado que se pretende acometer debería tener más consenso político entre los partidos y las instituciones. En un país democrático no es de recibo que algo así se cocine en secreto y entre cuatro o cinco, mientras los reestructurados dan tabaco, si es que les queda. Encima abren la puerta a la privatización de unas entidades que no nacieron para ser privadas, sino de todos.
Lo único cierto es que en toda España ya se habla de qué cajas se van a fusionar. Pero no en toda España de la misma manera. Porque los catalanes tienen su modelo y Madrid les ha dado un trato en las consultas al que no han accedido otras comunidades autónomas. Todo parece indicar que La Caixa contemplará la escena sin actuar salvo en caso de extrema gravedad, mientras se encaminan al matadero las cajas locales y las provinciales. De momento, también parece tener estatus de observador la Caja Madrid.
De ahí para abajo, todos andan bailando, empezando por las cajas andaluzas, donde se habla de fusiones con la alegría propia de esta comunidad. Al final pueden quedar dos grandes cajas y otras muchas por el camino. Un modelo similar se baraja para Castilla y León, donde se han sucedido los ensayos frustrados, y puede haber otras movidas similares en Euskadi, Extremadura y Canarias. Pero si resulta complicado hacer fusiones en cada comunidad, no digamos entre cajas de unas comunidades y de otras. Nadie quiere perder sedes, lo cual tiene su lógica en una España de las autonomías.