El vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, ha reiterado este domingo el compromiso de la Junta de Andalucía con el derecho que tienen las víctimas de la represión franquista "a la verdad, la justicia y la reparación".

Así lo ha puesto de manifiesto en Escinasola, donde ha asistido este domingo al acto de dignificación de la memoria de cinco personas fusiladas en la localidad, junto al presidente de la diputación de Huelva, Ignacio Caraballo; el alcalde de Encinasola, Ángel Méndez; el presidente de la Asociación de Memoria Histórica de Justicia de Andalucía, Rafael López; y familiares de los fusilados y vecinos de la localidad. Además se ha colocado una lápida con los nombres de las víctimas: Diego Álvarez Vázquez, Antonio Castro Pérez, José Domínguez Pérez, José Hermoso Ripio y Eusebio Vázquez López.

Valderas se ha referido así al derecho de la verdad "porque en este acto también transmitimos unos hechos que durante décadas han estado sepultados como lo estaban los cuerpos en las fosas. La justicia, porque por primera vez un juzgado de instrucción reconoce en un auto que estas cinco personas fueron asesinadas, aunque luego cerrara la denuncia. Y la reparación porque les devolvemos la dignidad con un enterramiento digno y ponemos en valor que el único mal que cometieron fue defender la democracia, la libertad y el gobierno legítimo de la II República", ha manifestado.

En este sentido, ha señalado que "la defensa de los derechos humanos de toda víctima de la represión es la guía principal de las políticas públicas de Memoria Democrática del Gobierno andaluz, unas políticas que tienen su máximo reflejo en la futura Ley de Memoria Democrática, un texto legal con el que se pretenden cerrar definitivamente las heridas abiertas hace 78 años en este país".

Asimismo, Valderas ha indicado que el texto normativo pretende reconocer a los miles de andalucesque fueron víctimas del franquismo a través, sobre todo, "de la educación, de la señalización y la protección de los Lugares de Memoria con la intención de difundir unos hechos que jamás deben volver a repetirse y con la intención de consolidar de este modo  los pilares de la democracia".

El vicepresidente ha terminado su intervención dirigiéndose a los familiares de las víctimas presentes en el acto "hoy cuando depositéis los restos de vuestros familiares no sólo estaréis haciendo justicia, sino que estaremos poniendo cinco sólidos cimientos que reforzarán el futuro de nuestro país y de nuestra democracia".

CARABALLO: "ES UN ACTO DE JUSTICIA"

Por su parte, el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, ha asegurado que la dignificación de la memoria de los desaparecidos durante la Guerra Civil "es un acto de justicia y un deber que debe contar con la ayuda y la colaboración de las administraciones públicas".

En este sentido, ha explicado que la dignificación consiste "en hacer público que perdieron su vida, que fueron fusilados y enterrados en el anonimato, pero que nunca perdieron el respeto, la humanidad y los lazos que los unen a sus seres queridos. Y ahora, en este sencillo acto esa dignidad es reconocida, como siempre debió serlo, por toda la sociedad".

Según informa la institución provincial en una nota, la Diputación y la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia firmaron un convenio para llevar a cabo en la provincia de Huelva distintas acciones sobre la memora histórica, entre las que destaca la exhumación de la fosa común de Encinasola, con la consiguiente identificación de los restos. "Creemos que es de justicia con las víctimas ayudar en todo lo posible a dignificar a estas personas y que no queden en el olvido", ha apuntado Caraballo.

"La importancia de este proyecto se encuentra además en la posibilidad de facilitar a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore".

Para el presidente de la institución provincial, las asociaciones que trabajan por la Memoria Histórica en Huelva están desarrollando "una incansable labor en la difícil tarea de extraer la verdad. Indagando los datos de los archivos militares, exhumando los restos de fosas comunes y escuchando los testimonios de quienes aún tienen algo que contar para superar los obstáculos de un olvido impuesto por quienes quisieron borrar la memoria".

El reconocimiento a quienes trabajan por la recuperación de la Memoria Histórica en la provincia fue expresado por la Diputación de Huelva con la concesión de su máxima distinción, la Medalla de Oro, a las asociaciones de Memoria Histórica que existen en la provincia.

Caraballo ha trasladado al vicepresidente de la Junta de Andalucía "el agradecimiento en nombre de toda la provincia por la Ley de Memoria Democrática, cuyo anteproyecto está avalado por Naciones Unidas y que será la más avanzada de todas las que hay en vigor". A su juicio, "arrancar los datos de las entrañas de un archivo militar, exhumar los restos de fosas comunes y superar los obstáculos de un olvido impuesto por quienes quisieron borrar la memoria es una difícil tarea que requiere toda la ayuda y colaboración de las administraciones".

DIGITALIZACIÓN CONSEJOS DE GUERRA

En este sentido, la Diputación está llevando a cabo la segunda fase del proyecto de investigación, catalogación y digitalización de los procedimientos instruidos por el Consejo de Guerra Permanente de Huelva desde 1937. Un proyecto, dirigido por el Servicio de Archivo de la Diputación y coordinado por el historiador José María García Márquez, que ha permitido la recuperación y conservación de los procedimientos judiciales militares instruidos a vecinos de la provincia de Huelva por la Auditoría de Guerra, conservados en el Archivo del Tribunal Militar Segundo de Sevilla.

Está previsto que a final de año, una vez completado el proyecto se hayan catalogado y digitalizado unos 2.700 procedimientos, comprendiendo unos 6.000 procesados. Hasta el primer trimestre de este añi ya había realizado 215.000 digitalizaciones de documentos y que desde que comenzó el proceso se han recibido 35.000 consultas por parte de familiares de los procesados.