El Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella (Málaga) ha acordado seguir la causa del caso 'Goldfinger' contra 17 personas, entre ellas el excalade marbellí Julián Muñoz y el expresunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca. Sobre el acto Sean Connery y su mujer, al no haberse completado la comisión rogatoria remitida a Bahamas, en la que se pedía, fundalmentalmente, la declaraciones de ambos; vuelve a reiterarla y da un plazo de seis meses para esperar la respuesta y decidir.

En este sentido, el instructor determina, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, que en el supuesto de que transcurra ese plazo y no se ejecute la comisión rogatoria, ésta se dejará sin efecto y se resolverá "lo procedente en relación con el dictado de órdenes internacionales de búsqueda, detención y puesta a disposición, en su caso", del matrimonio Connery. Por tanto, en referencia a Bahamas, se acuerda formar una pieza separada.

Además, se decreta el sobreseimiento provisional de la causa respecto a siete imputados, entre ellos el exsecretario municipal Leopoldo Barrantes; y se insta a comunicar la resolución a la Fiscalía, al Abogado del Estado y a la acusación particular, para que presenten escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

En la resolución dictada por el instructor, y notificada a las partes, se realiza un relato de los hechos investigados y se indica que existen indicios de delitos de malversación de caudales públicos, fraude, prevaricación administrativa, negocios prohibidos a funcionarios, uso indebido de información privilegiada, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, falsedad y blanqueo de capitales.

Este procedimiento se inició por la querella de la Fiscalía Anticorrupción, tras un informe del Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio de Marbella. Inicialmente, se investigaban sólo los convenios suscritos por el Ayuntamiento --firmados por Julián Muñoz-- con las sociedades Malibú S.A., propietaria del chalé vacacional de los Connery; y By the Sea, sobre los cuales se sustenta la promoción inmobiliaria denominada Malibú, desarrollada de 2002 a 2005.

La primera fase del entramado que se ha investigado se refería a la supuesta obtención de una modificación de los parámetros urbanísticos para dicha promoción, con 72 viviendas de lujo, "sobre terrenos en los que no era lícita dicha construcción". Según el auto, dichos convenios "habrían sido presuntamente negociados a la baja" por Roca, provocando un "perjuicio" para el Ayuntamiento marbellí.

Para el instructor, hay indicios "suficientes" de que las sociedades que firmaron esos convenios "estaban controladas por los abogados de la firma Díaz-Bastien", dos de ellos imputados. Así, se otorgaron las licencias necesarias para la promoción, "contrarias al planeamiento urbanístico vigente", además de que "aparecen sólidos indicios" de que Roca "continuó favoreciendo los intereses particulares" de una de las empresas firmantes.

Posteriormente, se inició una nueva línea de investigación sobre operaciones financieras y empresariales realizadas a través de un entramado societario en relación con dicha promoción. El beneficio de ésta, dice la investigación, se retiraba de la sociedad conforme se fueron vendiendo los apartamentos, "ocultando tanto a los últimos beneficiarios como los beneficios obtenidos". Los precios de estos inmuebles alcanzaban una media de 2,6 millones de euros.

Al respecto, se indica que para ello se utilizaban presuntamente "negocios jurídicos ficticios y, al mismo tiempo, un entramado societario indiciariamente vinculado a profesionales de la sede en Marbella del despacho de abogados Díaz-Bastien", en concreto a esos dos letrados del bufete contra los que se sigue la causa. Para esta investigación, se dictaron comisiones rogatorias a países como Panamá, Estados Unidos, Países Bajos o Isla de Man.

Así, se acuerda seguir el procedimiento en total contra 17 personas, entre ellas Muñoz, Roca, dos abogados de dicho despacho, así como tres miembros de despacho gestoría y los exconcejales José Luis Fernández Garrosa, Rafael González, Alberto García, María Luisa Alcalá y Tomás Reñones. Por contra, se acuerda el sobreseimiento del caso, respecto de Barrantes y las exasesoras de urbanismo María Castañón y Raquel Escobar, entre otros imputados.

Respecto al matrimonio Connery, se apunta que, aunque existen "indicios de la participación del matrimonio Connery en la estructura societaria ideada por el despacho de abogados DB&T" y de que presuntamente podrían ser "partícipes" de ilícitos penales, "sí parece claro que el control de toda esta estructura societaria y de todas las operaciones en las que ha intervenido el matrimonio Connery" se han llevado a cabo por los dos letrados.

En la resolución se recuerda que en un auto de junio de 2010 se acordó tomar declaración en calidad de imputados a ambos a través de comisión rogatoria, "declaración que no ha podido practicarse pese al tiempo transcurrido próximo a los tres años por la falta de ejecución de la comisión rogatoria", según el auto, en el que alude a "la existencia de todo tipo de impedimentos para la práctica de las declaraciones de Sir Sean Connery y su esposa".

Se indica que la comisión rogatoria a Bahamas se emitió en diciembre de 2010 y en agosto de 2011 llegó comunicación sobre que se habían recibido las notificaciones de la comisión. "Desde entonces este órgano judicial está a la espera de la ejecución de la comisión rogatoria, no habiéndose obtenido noticia alguna sobre las diligencias que aquellas autoridades estén realizando desde entonces", apunta el instructor.

Para el instructor, "sigue siendo necesario recibir declaración como imputados, tal y como se acordó en su momento, a los señores Connery a los efectos de que por los mismos se proceda a esclarecer cuál fue su intervención y si resultaban conocedores de las actuaciones descritas en las que, por otro lado, aparecen inmersos".

Por esto, acuerda hacer una pieza separada que quedará a la espera hasta que no conste la ejecución de dicha comisión rogatoria a Bahamas, "y sin perjuicio de lo que pudiera acordarse a la vista del resultado de la misma o transcurra el plazo" determinado.

Asimismo, el auto acuerda separar determinados documentos e información sobre la que no se ha terminado la investigación, con el fin de que los especialistas en blanqueo de capitales y de la Agencia Tributaria emitan los informes correspondientes.