El secretario provincial de la Confederación Española de Policía (CEP) en Huelva, Rafael Álvarez Gutiérrez, apuntó que se debería tener acceso al padrón municipal de los ayuntamientos para “controlar la inmigración ilegal y poder acceder, por ejemplo, a las fotocopias de los pasaportes de los irregulares empadronados para poder identificarlos y así poder terminar satisfactoriamente los expedientes de expulsión”.

En declaraciones a Europa Press, Rafael Álvarez manifestó que por ello no se puede realizar un trabajo con eficacia”, al tiempo que pidió “un endurecimiento” de las leyes penales y de extranjería de forma que “se agraven las penas” para los delincuentes reincidentes foráneos y las mafias que los explotan.

Rafael Álvarez señaló que a Huelva “llegan cada año entre 3.500 y 4.000 personas de nacionalidad extranjera”, motivo por el cual, precisó que “se debería incrementar la plantilla de Huelva en materia de extranjería con puestos singularizados específicos, dotar de mayores medios materiales y un endurecimiento de las leyes”.

En cuanto a los delitos, Álvarez matizó que los empresarios agrícolas que contraten a inmigrantes en situación irregular “deberán asumir los gastos de la repatriación”, así como deberán “dar de alta en la Seguridad Social a un empleado extranjero” con el objetivo de no promulgar “el tráfico de personas y la promoción de la inmigración clandestina a España”.

Del mismo modo, añadió que casarse con ánimo de lucro o para proporcionar a un extranjero el permiso de residencia será castigado con multas de entre 10.000 y 100.000 euros”.