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El Gobierno plantea una nueva congelación de las ordenanzas

El proyecto para 2019 sólo recoge la revisión al IPC del precio del agua, una medida que si el Pleno tumba supondrá un coste para las arcas municipales

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El Gobierno local tiene previsto elevar al Pleno del próximo jueves 29 de noviembre su propuesta de ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio. El proyecto contempla la congelación de la práctica totalidad de las tasas y tributos que dependen del Ayuntamiento y únicamente recogen la revisión al IPC adelantado del pasado mes de septiembre del precio del agua, dado que el pliego que rige la concesión contempla esta subida anual. La propuesta, que deberá ser trasladada a los grupos municipales en estos próximos días, cuenta ya con el informe favorable del Consejo Social de la Ciudad.

Un hipotético rechazo del Pleno a la revisión al IPC del precio del agua -tal y como ocurrió en los dos ejercicios anteriores- tendría consecuencias negativas para las arcas municipales, ya que en última instancia sería el Ayuntamiento quien debería asumir el desfase toda vez que la concesionaria Aquajerez podría ejercer su derecho de reclamar esa subida a través de los tribunales.

No en vano, el Ayuntamiento ha debido abonar meses atrás 341.000 euros correspondientes al desfase que se produjo en 2017 dado que no se aplicó la subida del IPC. La previsión es que la empreas reclame al Consistorio del orden de 707.000 euros correspondientes al presente ejercicio por idéntico motivo. Lo que el Gobierno local quiere evitar ahora es que el Pleno vuelva a impedir la revisión del precio del agua, toda vez que ello supondría un nuevo quebranto para las arcas públicas, que en última instancia se verían obligadas a asumir el coste de una nueva congelación. 

Sin margen para bajar los tributos

Desde el Gobierno local se advierte de que tanto la ley de estabilidad presupuestaria como el fondo de ordenación impiden que el Ayuntamiento saque adelante medidas encaminadas a la bonificación o reducción de las tasas y tributos municipales. La intención del Ejecutivo es que esta situación pueda variar en los próximos meses partiendo de la base de la mejoría de las cuentas públicas y del grado de cumplimiento de los compromisos contraídos con el Ministerio de Hacienda, con cuya titular pretende mantener un encuentro. 

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