El Ministerio del Interior ha anunciado este miércoles que creará "en los próximos meses", oficinas de asilo y protección internacional en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla donde los potenciales refugiados podrán formalizar su solicitud, algo que en la actualidad sólo pueden hacer una vez que han entrado irregularmente en las ciudades autónomas.
Según explica el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, las instalaciones se habilitarán dentro de la zona de control fronterizo y estarán "claramente identificadas como lugares de formalización de solicitudes de asilo o protección internacional". Contarán con personal especializado en la materia, abogados e intérpretes.
Los potenciales refugiados podrán formalizar su petición ante la Policía Nacional, que controla estos puestos fronterizos y que seguirá el procedimiento de asilo denominado "en frontera", el mismo que rige en los aeropuertos internacionales. Mientras se resuelve la petición, el solicitante residirá en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) que corresponda o en "el alojamiento privado al que, en su caso, pudiera optar".
"Esto supondrá una importante mejora con respecto de la práctica seguida en los puestos fronterizos habilitados en aeropuertos internacionales, donde existen salas en las que los solicitantes deben permanecen en tanto se sustancia la admisión o desestimación de su solicitud", recuerda el Ministerio del Interior.
Una vez resuelta y notificada la resolución, competencia que corresponde a la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, se procederá, en caso de ser admitida, "a su normal tramitación" con los plazos establecidos en la Ley de Asilo. El departamento ministerial no dice si los solicitantes con la petición admitida a trámite tendrán libertad para trasladarse a la Península, derecho restringido actualmente bajo la interpretación de que las ciudades autónomas no pertenecen al espacio Schengen.
En caso de ser inadmitida, el extranjero, si no puede acogerse a otra forma de residencia en España, como el permiso por motivos humanitarios, será expulsado o devuelto al lugar de procedencia, tal y como recoge el artículo 37 de la misma regulación.
Interior no concreta el presupuesto que empleará para crear las oficinas y dotarlas de recursos, aunque señala que "requerirá tanto una inversión en instalaciones como en recursos humanos, ante la necesidad de reforzar el personal que preste atención a los solicitantes para informar y tramitar las solicitudes, proveer la dotación necesaria de intérpretes y adecuar las necesidades de personal instructor de las solicitudes por parte de Oficina de Asilo y Refugio".
Además, avanza que se reforzará la formación de las "personas que prestasen sus servicios en estas unidades, y se buscará también una formación especializada de los funcionarios policiales, así como de los abogados que deban prestar la debida asistencia jurídica a los interesados".
"Este proyecto, que reforzará las garantías del sistema de protección internacional y permitirá un mejor cumplimiento de las exigencias del Sistema Europeo Común de Asilo, se materializará en los próximos meses", destaca el departamento de Jorge Fernández Díaz, que incide en que la medida da un paso más en la regulación de "la singularidad de Ceuta y Melilla".
El primer paso ha sido planificar una reforma de la Ley de Extranjería que se ejecutará con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana y que permitirá devolver sobre la marcha a Marruecos a los inmigrantes que sean interceptados saltando las vallas fronterizas, práctica conocida como "devolución en caliente". Para ello, se ha previsto la creación de la figura jurídica del "rechazo en frontera", no prevista como tal en la normativa ahora vigente.
Además, destaca que su condición de únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con el continente africano, "genera con creciente intensidad intentos de asalto masivo por parte de personas que, utilizando esta vía, tratan de acceder a territorio español -y por tanto europeo- de forma ilegal, eludiendo los controles fronterizos establecidos y exigidos por la normativa comunitaria".
"Ello comporta unas condiciones especialmente exigentes para los miembros de las Fueras y Cuerpos de Seguridad del Estado encargados de la seguridad fronteriza, que deben realizar esta imprescindible actuación de control y protección de dichas fronteras con pleno respeto y dando plena efectividad a las garantías establecidas en nuestro sistema de Protección Internacional (asilo y refugio)", añade.
LA MAYORÍA DE LOS QUE LLEGAN, POTENCIALES REFUGIADOS
La creación de oficinas de asilo y refugio en las ciudades autónomas es una revindicación clásica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en España que ha cobrado más fuerza este año ante el incremento de los intentos de salto a la valla de Melilla y la presencia cada vez más numerosa de personas procedentes de países en conflicto o en los que los derechos humanos no están garantizados entre quienes protagonizan estas entradas.
El pasado mes de abril, el ACNUR remitió al Gobierno una batería de recomendaciones para mejorar el sistema de asilo que incluía específicamente la reivindicación de oficinas en las ciudades autónomas que permitiesen realizar una suerte de cribado previo para distinguir entre las personas que llegan a España buscando un empleo y quienes requieren de protección internacional, ante los que el Estado debe responder en virtud tanto de su regulación interna como de la Convención de Ginebra y demás tratados internacionales que ha ratificado.
Según las estimaciones del propio ACNUR y de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, más de la mitad de los residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla son potenciales solicitantes de asilo. Sin embargo, muchos optan por no formalizar la petición de asilo en el territorio de las ciudades autónomas --pueden hacerlo en comisaría-- porque implica que tendrán que quedarse allí hasta que se resuelva, trámite que puede demorarse muchos meses.
