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Baquerín espera que el fiscal "entienda que hay delito penal" en el uso del dinero público por UCOR

Baquerín ha reaccionado así tras conocer en este día que la Fiscalía ha abierto diligencias a raíz de la denuncia que él presentó contra Gómez y contra el portavoz y la concejal de UCOR en el Ayuntamiento, Juan Miguel Alburquerque y Aurora Aguilar, por el uso, presuntamente ilegal

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El diputado provincial y concejal de Unión Cordobesa (UCOR) en la Diputación y el Ayuntamiento de Córdoba, Carlos Baquerín, ha confiado este viernes en que el fiscal, "después de investigar los hechos, entienda que hay delito penal" en el uso dado al dinero público por el líder de UCOR, Rafael Gómez.

   En declaraciones a Europa Press, Baquerín ha reaccionado así tras conocer en este día que la Fiscalía ha abierto diligencias a raíz de la denuncia que él presentó contra Gómez y contra el portavoz y la concejal de UCOR en el Ayuntamiento, Juan Miguel Alburquerque y Aurora Aguilar, por el uso, presuntamente ilegal, que podrían haber dado a las subvenciones recibidas por los respectivos grupos de UCOR en el Ayuntamiento y la Diputación.

   Baquerín ha dicho que "esperaba la apertura de diligencias, pues la denuncia (de cerca de 60 páginas) está muy bien fundamentada", con lo que es "normal" que la Fiscalía haya decidido investigar, considerando el edil de UCOR que "hay suficientes motivos" para que el fiscal acabe remitiendo la denuncia a un juzgado, para que instruya el correspondiente procedimiento, algo que confía en que ocurra, pues "hay que aclarar en qué se usa el dinero público" y, por eso, Baquerín se alegra de que "el fiscal vaya a investigarlo".

   La denuncia presentada por Baquerín recoge "una relación de hechos y documentos" referidos a la presunta conducta delictiva de Gómez, Alburquerque y Aguilar por el mencionado "uso de las subvenciones económicas que los grupos municipal y provincial de Unión Cordobesa han percibido del Ayuntamiento y de la Diputación y que asciende, en total, a unos 140.000 euros aproximadamente".

   Tales hechos, según se afirma en los fundamentos de derecho de la denuncia, "podrían encajar en la tipificación que dispone la legislación penal española relativa a los delitos de apropiación indebida, estafa, fraude y falsedad documental".

   Baquerín, quien ha recordado que se vio obligado finalmente a denunciar los hechos para poder liberarse de cualquier responsabilidad propia en este asunto, ha dicho lamentar que, "ni Gómez, ni Alburquerque, ni Aguilar hayan nunca accedido" a sus reiteradas solicitudes de justificación del gasto del dinero público que han manejado.

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